La Falsa Virginidad Constitucional

Es muy fácil decir o creer que Venezuela es  un país Democrático. Inclusive, que Venezuela es Democrático porque, además, se puede exhibir ante los demás países de la Tierra  por tener  “la mejor Constitución del mundo”, indistintamente de que para ciertos usos excepcionales de quienes detentan el poder, no pase de ser una “bicha”(culebra).

constitucionvenezolana

Pero ¿hasta dónde es cierto que Constitución y Democracia son realidades gemelas y apropiadas, cuando antes, obviamente, es necesario saber si son los componentes adecuados y apropiados para que el ciudadano, finalmente, se sienta vivir a plenitud, satisfecho, libremente feliz?.

Sin duda, es asunto de saber de qué se tratan ambos componentes históricos y en proceso de deformación absoluta, en el reinado de las individualidades absorbidas por instrumentos comunicacionales, capaces de provocar cambios de criterios y hasta de conductas humanas en simples lapsos de sucesión de temporadas climáticas.

“La Democracia es una forma de Gobierno, de organización de Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad a los representantes. Democracia es una forma de convivencia social en la que todos sus habitantes son libres e iguales ante la ley.” Y ” Constitución Nacional es la letra que enmarca y regula todos los deberes y derechos Ciudadanos, así como las normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de cada uno de los poderes nacionales.”

Al tener claro estos conceptos y al analizar la situación sociopolítica criolla, subjetivamente se  podría determinar si en Venezuela, en realidad, se vive  en Democracia o no. Pero, además, si para que eso sea indiscutiblemente cierto, basta el  respeto, el acatamiento y el cumplimiento de la Constitución.

Todo país en el que la ciudadanía se da un Gobierno legítimo, esa misma población asume que, por su origen y fundamentos ideológicos y doctrinarios, esa estructura institucional que ejerce el poder se ocupará de que funcionarios y ciudadanos, en todo momento sabrán acatar y harán cumplir la Constitución. Además de que, a partir de dicha forma de actuar, serán posibles la convivencia entre los ciudadanos y se crearán las condiciones adecuadas para que, desde el orden jurídico y político, se propicie un desarrollo integral de la nación, en consonancia con el objetivo principal de lograr calidad de vida para todo los habitantes, sin distinción de clases sociales, económicas, ideológicas o religiosas.

Pero siempre hay minorías que desarticulan esa aparente descripción perfecta entre ciudadanía, Constitución y sistema de gobierno. Porque esa es la verdad. Generalmente, es una minoría de abusivos ciudadanos los que, en procura de acortar o tener ventajas o beneficios propios, se divorcian de la obligación del cumplimiento de las normas y, en forma deshonesta y antiética, quebrantan la Ley, violan la Constitución. A la vez que, desde luego, asumen la obligación de cargar con el costo de la sanción y del castigo correspondiente, según lo describen las leyes en sus Exposiciones de Motivo y contempla el articulado del libro mayor: el de la Constitución, y que en el caso venezolano no es otra que la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

La referencia, desde luego, está asociada directamente con lo que ha sucedido en Venezuela. Y ha sido lo suficientemente grotesco y amoral como para provocar  que hoy abunde el trabajo minucioso dedicado a la identificación de familias, apellidos, y de ramificaciones organizadas con o sin apoyo internacional, y que han terminado siendo una nueva clase social nacional. Mejor dicho,  otro estamento social y económico que ha emergido por su ventaja de acceder ilegalmente al erario público.

Las huellas del cuestionable trajinar les han permitido a la población, sabia y acertadamente, identificarlos con sus epítetos pertinentes. Los llaman Bolichicos, Boliburgueses, Enchufados, Narcobolivarianos, entre otros, y,  por ahora, dentro y fuera del territorio nacional, se perfilan como los que, curiosamente, proyectan grupos y tendencias -¿ideológicas?- que sobresalen por su participación en todo tipo de fechorías y de abusos en el país. Pero también por exhibir su astucia en alcanzar riquezas malhabidas, groseramente ofensivas en presencia de una aparente complicidad interna, a partir del momento que se tolera el goce desmedido de ventajas,  privilegios y hasta de interpretaciones discrecionales de supuestas normas blindadas para que no ocurra lo que ha sucedido.

¿Quién dijo, entonces, que la actual crisis venezolana es solamente económica, política, social y cultural? Los otros hechos, las derivaciones de ese cuarteto de realidades, señalan la existencia apreciable de una ruptura histórica de vida prolongada entre la Venezuela del trabajo y la Venezuela del latrocinio, matizada, además, por el nuevo concepto del delito continental -¿y mundial?- de la “picurización”. La cual no es otra que la aceptación y reconocimiento del delincuente como expresión de una nueva  fuerza social, luego de su previa identificación y tolerancia en su existencia para atemorizar o someter a los componentes del entorno. Lo que se aprecia, es que se está también ante una verdadera crisis de valores; de una innegable tragedia moral y del fogonazo certero contra la imperiosa necesidad de impedir que el hambre incendie los espacios del trabajo.

Ante los acontecimientos reñidos con los principios esenciales de Democracia y Constitución, emerge la esperanza de la eventual sanción del delincuente; inclusive, del rescate del producto de la fechoría. Se apela a la convicción de que tanto han avanzado las sociedades del mundo, que seguirá habiendo castigos cada vez más perfectibles para quienes incurren en delitos de violación de derechos humanos, como de aprovechamientos ilícitos de dineros públicos, el lavado y la oportuna combinación con la práctica de otras variables del delito global, incluyendo el terrorismo y el narcolavado.

Es más, se le rinde culto a la idea de que hay delitos que no prescriben y que, hoy o mañana, los delincuentes seguirán siendo perseguidos y castigados por todas las naciones democráticas y libres del mundo. Y porque, desde luego, son el reflejo fehaciente de violación de los principios consagrados en la Constitución, como de los Acuerdos suscritos por Venezuela con otros gobiernos e integración de países.

¿Pero y qué sucede cuando la violación y desconocimiento de la Constitución se da internamente, en razón de la modalidad subjetiva de la interpretación de la norma en el ejercicio de un cargo público?. De hecho, poco más de cien días del 2016 han sido suficientes para estructurar una verdadera estantería de formatos, variedades, tamaños y hasta vestimentas sobre cómo es que, repentinamente, la Constitución termina siendo una simple referencia accidental en la vida de un país. Y es un accidente  porque los llamados a honrarla en sus alcances y valores políticos, sociales, culturales y morales, consideran que ella no se corresponde con  su interpretación de la vida, como de lo que deja entrever el contenido de las aguas servidas de la nación.

Los ejemplos abundan y envejecen esperando interpretaciones jurídicas oportunas y acertadas:

Un pronunciamiento adelantado del Presidente de la República o de cualquier funcionario a favor o en contra de un ciudadano sometido a un juicio ante el Tribunal Supremo de Justicia o cualquier tribunal de la República, sin duda alguna, es violatorio de sus derechos constitucionales.

Exhibir públicamente grabaciones de vídeo o sonido obtenidas ilegalmente por funcionarios del Estado o particulares, reales o falsas, y sin conocimiento del o los afectados, y con el fin de someterlos al escarnio público o para utilizarlo como prueba en un juicio, es una violación flagrante de la Constitución.

No respetar el derecho de propiedad y la libre competencia comercial, es otra violación de la Constitución.

Mantener detenido y privado de libertad  a un ciudadano más del tiempo o lapsos expresado o permitido jurídicamente, y sin que se le juzgue o presenten pruebas ante un Tribunal de la República, es una violación al derecho constitucional.

Firmar convenios o adquirir deudas que comprometen el patrimonio de la nación, sin haber obtenido la aprobación previa de la Asamblea Nacional, es una violación a la Constitución.

Permitir que miembros activos de las Fuerzas Armadas Nacionales se pronuncien públicamente en favor de una fracción partidista o corriente ideológica, es una violación a la Constitución.

Permitir que los poderes públicos sean dirigidos por miembros de una misma tolda partidista o ideológicamente comprometidos con la misma, en abierta demostración de no gozar de plena independencia, es una violación de la Constitución.

Sin duda alguna, la lista de ejemplos es interminable. Y lo que demuestra esa situación, es que hay terreno amplio con hechos propios suficientes, como para deducir si, en efecto, en Venezuela existe una conjunción de corresponsabilidades entre Democracia y Constitución. 0, por el contrario, sólo priva una simulación de conductas alrededor de unos principios y valores que no son tales, porque no existen para quienes deberían reconocerlos, respetarlos y honrarlos.

Más allá de eso, no obstante, existe otra ambientación. Y es que en ningún país en  el que  se permita la usurpación de los derechos jurídicos y la violación flagrante de su Constitución, como es el caso de Venezuela, puede haber prosperidad ni se producirá un desarrollo integral, a la medida de la necesaria satisfacción de las necesidades ciudadanas. Y todo porque no hay confianza. Se asume que no existe Estado de Derecho y que, por lo tanto, no es aconsejable el emprendimiento, mucho menos la posibilidad de acometer riesgos financieros.

Ciertamente, en Venezuela, en donde ha habido un largo rosario de casi 30 constituciones en poco más de doscientos años de vida republicana, la constante ha sido que el gobernante puede –porque se siente con libertad y derecho a hacerlo- violar la Constitución. En otras palabras, los principios morales y jurídicos de la no violación, sencillamente, no cuentan. Porque el asunto de fondo es que cada Jefe de Estado se siente Rey, y que la ciudadanía, si acaso, llega a ser un “camión cargado de cochinos chillones”.

Por supuesto, la ventaja que tienen esos “chillones” es que todavía, con no pocas dificultades y obstáculos, gozan de  la oportunidad de elegir a su nuevo Presidente. Aunque también la de seguir siendo súbditos de un falso emperador que, en muchos casos, luce sometido a la voluntad de otros jerarcas cuya avaricia de poder la alienta y alimenta con  su capacidad para posarse sobre la impunidad, como hilo conductor de la ausencia de poderes, porque el poder es uno solo.

 

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