La Corrupción: ¿Cáncer Institucional?

Una Comisión oficial del Gobierno venezolano llegó a un aeropuerto en Argentina. En el sitio,  a uno de los integrantes del grupo criollo le incautaron un maletín en el que transportaba $ 800.000 que trató de introducir ilegalmente al país sureño.

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Ese dinero, supuestamente, salió de Venezuela con el propósito de que pasara a formar parte de los fondos de una campaña electoral. Es decir, era para un destinatario cuyo nombre no figuraba como receptor, pero que era conocido. Eso sigue sin precisarse. Lo cierto es que, hasta el presente, no se han podido construir respuestas para un sinnúmero de preguntas al respecto.

El portador del maletín con semejante cantidad de dinero, Señor Antonini Wilson, más allá de haber sido sometido a indagaciones generales, tampoco fue detenido, mucho menos sancionado. Funcionó el silencio, por lo demás normal en los países en donde hechos de este tipo y parecidos son parte de la vida diaria.

El único detenido fue el dinero. Y en el medio de un escándalo internacional a dos, es decir que comprometía a funcionarios venezolanos y a funcionarios argentinos, nadie fue inculpado. Y, hasta hoy, mientras que internamente, en Argentina se habla de la posibilidad de poner el considerable monto en manos de una Fundación para que los use a su mejor saber y entender, en vista de que el verdadero dueño sigue sin aparecer, en Venezuela se sigue esperando el rescate del dinero.

Obviamente, todo parece indicar que ese dinero no regresará al país. Porque las complicidades entre las autoridades venezolanas y argentinas han sabido hacer lo que les correspondía: minimizar la gravedad del evento; evitar la aparición de los nombres y apellidos de los delincuentes; impedir que el delito apareciera como tal, es decir, como protagonista de un acto que comprometía a administradores y a dos gestiones administrativas. Porque más vale -o si acaso es más importante- mantener activas, aunque estén contaminadas, las relaciones diplomáticas, indistintamente de que los presidentes Mauricio Macri y Nicolás Maduro Moros, difícilmente, puedan disfrutar personalmente de un café o de un mate.

Casos como éste, abundan. Tantos como la asignación de contratos de obras sin licitación, o completamente amañados. De igual manera, la  compra de alimentos con sobre precios, de maquinarias y de mercancía de todo tipo, canceladas con dólares subsidiados. También con procedimientos de alta ingeniería tecnológica que permiten el  blanqueo de capitales de dudosa procedencia.

En fin, la lista de truculencias y de otros tantos tipos de negocios mal habidos, conformarían una lista interminable y escandalosa. De hecho, bastaría con hacer una revisión en frío de los nombres y apellidos de los  altos mandatarios y funcionarios de reconocida posición de mando en el Continente durante las dos últimas décadas, para saber “cómo es que se bate el cobre” en materia de corrupción en esta parte del mundo.

De hecho, actualmente en Argentina y en Brasil existen procedimientos legales en curso y que involucran a dos expresidentes y a una Presidenta en ejercicio. Esta última, inclusive, está a punto de ser separada del cargo para cumplir con procesos fiscales por corrupción. Adicionalmente, en los Estados Unidos,  Europa, China y Panamá, por mencionar algunos países, cursa todo tipo de investigación y de juicios por lavado de dinero, tráfico de drogas y negocios turbios cometidos por funcionarios y militares de los más diversos rangos de América Latina y de otras latitudes.

¿Y qué sucedió antes, especialmente cuando no se habían producido los criminales hechos del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York?. ¿Qué hacer para que eso no siga sucediendo, cuando ya existe una cuantificación de la incidencia de ese tipo de delitos en la estructuración del Producto Interno Bruto de la economía del mundo y que pudiera estar por encima del 5% anual?. ¿Acaso los países e instituciones cómplices estarían dispuestos y decididas a dar pasos en firme, como para que, repentina o progresivamente, se produzcan fumigaciones éticas que  liberen a la humanidad de ese tipo de lastre moral?.

Lo que creen aquellos que se ocupan de hacerle seguimiento milimétrico a los pasos que da este tipo de delito, es que, por lo pronto, es a las sociedades de los países afectados a quienes corresponde actuar distinto hasta el presente. Es decir, los ciudadanos –nunca al estilo del movimiento español “Manos Limpias”- se tienen que ocupar del tema con la misma devoción y dedicación que lo hacen otras expresiones organizadas, en contra, por ejemplo, de los problemas de la contaminación ambiental, del calentamiento global, de las enfermedades extrañas, entre otros. De lo que se trata, es no seguir asumiendo actitudes de complicidad consciente ante la multiplicidad de latrocinios contra los bienes públicos y privados, y teniendo en cuenta, desde luego, que no es una lucha de efectos a corto plazo.

A nivel de América Latina, por ejemplo, el problema delictual pasa por su vinculación con un hecho cultural a nivel administrativo. Mejor dicho, por la aceptación casi sumisa que ejerce el ciudadano ante la figura del Estado, al que aprecia y concibe como una figura paternal. De hecho, es normal aceptar que mientras más centralizados estén los poderes públicos en cualquier nación, mayor será la corrupción, la violación de derechos de todo tipo y el atropello desmedido. Pero no lo enfrenta o lo acepta con resignación.

En América Latina, se justifica la presencia del Estado empresario, casi como una variable de esa relación afecto paternal, indistintamente de que   admita lo obvio, y es que cuando los dineros y empresas de todo tipo son manejados o conducidos por burócratas de oficio, lo más probable es que se esté en presencia de un circuito delictual de dimensiones inestimables, por la presencia inevitable del factor clientelar.

Ese factor se desarrolla así: el individuo accede a una posición de conducción prometiendo maravillas. Luego comienza a rodearse de familiares y amigos para cubriese las espaldas y facilitar todo tipo de acto de corrupción. Esto es mucho peor cuando el Gobierno es íntegramente conformado por miembros de una misma organización o partido político, porque, al final, se terminan comportando como integrantes de una misma pandilla, acobijados todos por un gran manto de impunidad.

El gran antídoto para corregir esta práctica sería el de obligar constitucionalmente a que se cumpla con la independencia de todos los poderes públicos, además de despartidizarlos. Cada Poder debería cumplir con sus funciones sin compromisos grupales ni apadrinamientos, teniendo libertad e interés profesional y ético de fiscalización y control ante todo acto administrativo.

Otra acción indispensable para una mejor y sana administración y lucha contra la corrupción, sería la descentralización del poder. A las  regiones,  hay que darles y garantizarles autonomía, no mantenerles supeditadas a concesiones restrictivas por la voluntad del poder central. Es necesario que se permita y consagre legalmente una mayor capacidad de acción y de gestión  a las Gobernaciones, a las Alcaldías y a los poderes legislativos de ambas instancias. Y que, de igual manera, admitan la garantía de espacios de mayor participación posible de ciudadanos formados y preparados para el desempeño profesional.

Con ello, de lo que se trata, es de lograr que cada funcionario sea un verdadero conocedor de las reales necesidades y prioridades locales, en el entendido de que, a partir de allí, se  acometerán las obras y las acciones necesarias para cada una de las localidades y comunidades.

El servicio público se tiene que profesionalizar, con base en la formación de una verdadera gerencia para tales fines. Porque, cuando eso suceda, se evitará la utilización de prácticas populistas engañosas, improductivas y electoreras, las cuales han conformado la muleta política utilizada en términos generales por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos. Eso se ha traducido en la causa del mayor daño que se le ha podido hacer a cualquier nación: la perversión del individuo, a quien se le somete a depender  de dádivas, regalos y de dinero gratuito o fácil, con la única intención de captar su voto y lealtad, además de garantizarle permanencia en el poder el mayor tiempo posible.

Finalmente, para completar el círculo de una sana administración y justicia, habría que contar con una auténtica libertad de expresión y de operatividad plena de medios de comunicación. Nunca dejará de ser imprescindible para la sanidad administrativa de cualquier municipio, estado o país en general, la existencia funcional y  constante de los medios de comunicación social; con tanta libertad para su actuación y desempeño como la del mismo ciudadano. Se trata, en fin, de autonomía y de condiciones para la participación.

A mayor transparencia administrativa e informativa, mayor confianza en la relación ciudadano-administrador-Estado. Y seguridad de que el componente corrupción, no se tiene que apreciar como un cáncer institucional per se, sino como consecuencia de una forma de gobernar y de actuar desde los cargos públicos, además de  un Estado invasor del ejercicio creativo y emprendedor del ciudadano libre.

Egildo Luján Nava

              Presidente de Fedecámaras Miranda y Director de Fedenaga

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